El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) llama a movilizarse antes de Navidad. La patronal del transporte ha acordado convocar un paro nacional del sector del 19 al 22 de diciembre en protesta «por la grave situación económica que atraviesan las empresas transportistas y la falta de respuesta del Gobierno».
En este sentido, desde el CNTC apuntan a un «abandono por parte del Gobierno de España al sector del transporte de mercancías por carretera, tras varios años de negociación alrededor del paquete reivindicativo del 20 de febrero del 2020″.
Se habla aquí de temas como la prohibición de que los conductores realicen la carga y descarga de los camiones, la no implantación de Euroviñeta, la aplicación obligatoria de la cláusula de revisión del coste del combustible o la construcción de áreas de descanso seguras para los profesionales, entre otras.
Por este motivo, indican desde la patronal del transporte que se «ha agotado la paciencia del sector y los canales razonables de negociación, a lo que se une la absoluta falta de sensibilidad por parte de nuestros clientes en la presente coyuntura económica, quienes se aprovechan de la posición de dominio que le concede la vigente regulación del contrato de transporte de mercancías por carretera, que está provocando incluso un enorme problema de falta de conductores profesionales, ante el trato degradante e inhumano en las condiciones en las que realizan su trabajo».
Por todo ello, desde el CNTC apuntan que se ven obligados a convocar «unos días de cese de actividad entre las 24 horas del día 19 de diciembre y las 24 horas del 22 de diciembre del presente
año. Solo un cambio radical y urgente por parte de Gobierno y clientes podría evitar este
conflicto».
En este sentido, y tras conocerse la noticia, Raquel Sánchez, ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha apuntado que «tenemos margen para hablar, como hemos estado haciendo. Hay tiempo para que haya acuerdos y evitar esta huelga. Es el compromiso de este Ministerio».
La ministra también señaló que es conocedora de que «es un sector fundamental para la economía, que han tenido un papel decisivo durante la pandemia, y somos conscientes de las dificultades, del encarecimiento de los precios de los combustibles y de la relación, complicada, entre los transportistas y los cargadores».
Tras estas declaraciones, desde la CETM (Confederación Española de Transporte de Mercancías) le han querido contestar en forma de carta abierta dirigida a la ministra a la que acusan de «echar balones fuera, aseasegurando que la mayoría de las reivindicaciones exceden de sus competencias».
Por esto le recuerdan que «el Ministerio de Transportes se comprometió en julio de 2020 a llevar a cabo una serie de medidas para garantizar la supervivencia del sector.
En dicho documento se comprometían a no instaurar el pago por uso de las autovías sin contar con el consenso del sector. Sin embargo, la medida ya se contempla en el plan que el Gobierno envío a Bruselas y no dejan de llegar, día sí y día también, noticias sobre cómo se llevará a cabo, por lo que todo parece indicar que nos obligarán a pagar por algo que ya hemos costeado.
Tampoco hemos tenido noticias de la devolución de 200 millones de euros del importe pendiente a devolver del céntimo sanitario. Se comprometieron a hacerlo antes de finales de 2020.
Otro de los puntos que refleja el acuerdo, firmado por el MITMA recordemos, es no proceder a aumentar las masas y dimensiones máximas permitidas. Las presiones para ceder y complacer a los grandes cargadores tampoco dejan de sucederse.
Sobre la problemática de la carga y la descarga, el papel del MITMA es fundamental, porque debe clarificarse el marco normativo para prohibir que los conductores por norma general realicen estas labores.
Sin ir más lejos, recientemente nuestro país vecino, Portugal, ha regulado este aspecto y ha prohibido que los conductores realicen estas labores en su territorio. ¿No es esto tampoco competencia del Ministerio que lleva el nombre de Transportes?
Ante el incremento acumulado de más de un 40% del precio de los combustibles en el último año, es necesario que se establezca en la Ley del Contrato de Transporte una cláusula de revisión obligatoria del precio del gasóleo, para que los cargadores dejen de presionar sobre las tarifas del transporte.
Además, nuestros conductores, que recorren las carreteras para lograr el abastecimiento de la población y para ello permanecen en muchas ocasiones lejos de sus casas, no encuentran áreas de descaso seguras y vigiladas.
Las que existen son insuficientes y muchas carecen de servicios primordiales para el bienestar de los conductores y no cuentan con la seguridad necesaria para que al día siguiente no se encuentren con los remolques rajados y la falta de mercancías».
Por último le piden a la ministra que se «tome en serio a los transportistas y ofrezcan soluciones, porque de lo contrario podríamos ver como se colapsa el país».
