Patronal y sindicatos exigen revertir con urgencia la situación de desatención a los ciudadanos por falta de recursos técnicos y humanos en dependencias provinciales. La falta de personal en algunas jefaturas de Tráfico perjudica la labor de las autoescuelas y colapsa el servicio al ciudadano. La falta de reposición de personal y las restricciones impuestas debido a la pandemia del COVID-19 han agravado la situación. Esto ha ocasionado importantes retrasos en la realización de exámenes y trámites administrativos de tráfico, que afectan negativamente a los ciudadanos, los trabajadores y a un gran número de sectores.
La patronal del sector (CNAE – Confederación Nacional de Autoescuelas) y las organizaciones sindicales UGT Servicios Públicos, USO, CCOO y CIG, integrantes de la comisión negociadora del sector de autoescuelas, reclaman al Ejecutivo el firme compromiso de mantenimiento y potenciación tanto de las estructuras físicas como de los recursos humanos necesarios para poder ofrecer el mejor servicio público a la ciudadanía.
Realizar gestiones en algunas jefaturas provinciales de Tráfico se está convirtiendo en una auténtica pesadilla para los usuarios. En el departamento de atención al público, el número de puestos sin cubrir se eleva al 60%. Trámites frecuentes como la renovación de permisos, las matriculaciones o los exámenes de conducir generan un cuello de botella que colapsa el servicio.
El sector exige la cobertura de los puestos necesarios para solucionar una situación que se ha prolongado más de diez años y ahora amenaza incluso con precipitar el cierre de dependencias de algunas jefaturas provinciales. Los principales afectados son los ciudadanos.
Si no se adoptan medidas a tiempo, el impacto de un eventual cierre de jefaturas impactaría de forma directa en la actividad de las autoescuelas abocando a algunas de ellas al cierre. En la actualidad, 35.000 familias viven de las 8.200 autoescuelas que desarrollan su actividad en España.
Las organizaciones más representativas del sector de los centros de formación para la conducción y la seguridad vial son conocedoras de que el proceso que los ciudadanos inician cuando acuden a una autoescuela se tiene que seguir desarrollando en armonía, con la máxima diligencia en cualquier gestión administrativa que responda al interés de dicha ciudadanía.
Por ello, todos los eslabones de la cadena de la tramitación pública -exámenes, trámites administrativos, citas previas o cualquier otra gestión-, deben garantizar la fluidez en los canales de comunicación entre ciudadanos y administración pública, contando para ello con los máximos recursos.
En el mismo sentido, tanto la patronal sectorial (CNAE), como los sindicatos que componen la comisión negociadora con las autoescuelas, son conscientes de que la lucha por la seguridad vial debe tener una continuidad en todas las estructuras de los distintos ámbitos de la administración pública. De esta forma se podrá garantizar que el servicio público que se ofrece desde las autoescuelas se completa en todas las líneas de seguimiento que la formación vial ofrece a los ciudadanos.
En definitiva, CNAE y los sindicatos exigen al Ejecutivo que se mantengan todas las estructuras y se incrementen los recursos técnicos y humanos de las jefaturas de Tráfico para garantizar que las autoescuelas y sus profesionales puedan seguir ofreciendo el servicio que tienen encomendado como parte del proceso de formación vial de la ciudadanía, esencial para garantizar, en el ámbito de sus posibilidades, una movilidad segura de conductores profesionales y particulares.
