El trámite parlamentario para su aprobación sigue en vía muerta. Al parecer, en manos o en el tira y afloja de unos y otros, incluyendo al famoso o cacareado relator de por medio. El Gobierno aprobó un alza de 3,8 céntimos al litro del diésel y que vendría a sumarse al encarecimiento de hasta 4,8 céntimos que ya entrase en vigor el mismo mes de enero y aprobado en los Presupuestos Generales de 2018.
¿Quo vadis, gasóleo?
En contra de lo que anunciase el Gobierno en su planteamiento de los impuestos sobre los hidrocarburos, la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España ya advirtió que esa subida afectaría a más de un tercio de los transportistas españoles. La ecuación es simple, como explica Juan José Gil, el secretario general de dicha federación: “Sobre la fiscalidad a los carburantes, la normativa comunitaria solo permite acogerse a la figura del gasóleo profesional, que es el instrumento creado por la Agencia Tributaria que permite la devolución del impuesto que vienen soportando los camiones de más de 7,5 toneladas”.
De ahí que, contrariamente a lo manifestado por el Gobierno de Pedro Sánchez, continúa Gil: “La subida de 3,8 céntimos que prevén los Presupuestos Generales de 2019 afectará a una tercera parte de profesionales del transporte por carretera”. Gil se refiere concretamente a esos más de 130.000 vehículos industriales ligeros encuadrados hasta las 7,5 toneladas.
De esa cifra, más de un 95 por ciento pertenecen a autónomos o microempresas, que son los que no pueden acogerse o quedan excluidos del gasóleo profesional. Y siguiendo con la connotación de las cifras, hay un vector muy claro por el cual afecta más a unas comunidades autónomas que a otras. Gil apunta que son las que mayor número de flota o porcentaje poseen por debajo o hasta las 7,5 toneladas, y por este orden son “Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana”.
Sobre la mesa
Tanto Fenadismer como el resto de las asociaciones del sector del transporte mantienen abierta una negociación con el Gobierno en relación con “una tabla reivindicativa con una serie de medidas, entre las que se contemplan las relativas a la fiscalidad del carburante”. 
Tengamos en cuenta, asevera Juan José Gil, que “junto con los 4,8 céntimos por litro que ya se aplicó el pasado enero, más la subida del 3,8 céntimos, la repercusión sería de prácticamente los 9 céntimos. Si hacemos las cuentas, vemos que un vehículo de esas características está en torno a los 25 o 30 mil litros anuales, con un sobrecoste que rondaría los 2.700 euros por año”.
Por el momento, y pese al esfuerzo de asociaciones como Fenadismer, los vehículos de menos de 7,5 toneladas de MMA siguen sin poder acogerse al mal denominado gasóleo profesional. Una legión de 130 mil profesionales del sector del transporte por carretera se encuentran en un limbo legislativo por el que la Agencia Tributaria puede omitir la devolución de los casi 2.700 € por vehículo que le corresponderían a estos transportistas.
