Sea como fuere, en nuestra opinión, el nuevo ROTT condena a la desaparición a un número indeterminado de autónomos, así como a empresas de menos de cuatro vehículos a partir de julio de 2020. Cierto es que la situación se nos presenta de tal gravedad que no podemos menos que invitarlo a que contraste la información, bien consultando con su gestoría de transporte de confianza o bien a través incluso de la Dirección General de Transporte de la Comunidad Autónoma a la que corresponda, donde pasa el visado de la tarjeta. De lo contrario, puede que le sorprenda lo que lea a continuación.
Qué dice el nuevo ROTT
Una de cal y dos de arena. El nuevo Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre endulza la píldora con la posibilidad de ejercer transporte por carretera con un solo vehículo y nos acredita con la conocida tarjeta. Pero 
cabe recordar que ambos aspectos derivan por obligación de la sentencia emitida por los tribunales europeos. Al mismo tiempo, la realidad es que impide el acceso a la profesión a los nuevos aspirantes transportistas autónomos y condena a desaparecer a todo aquel que disponga de título de capacitación alquilado o a nombre de la esposa o familiar como sucede en no pocos casos y tenga menos de cuatro vehículos. Todo ello, a partir del día 1 de julio de 2020. Nos explicaremos…
El nuevo reglamento nos exige que para poder examinarse y obtener la capacitación profesional de transporte disponer del bachillerato o un determinado nivel académico similar, aspecto que como el Gobierno por las estadísticas que maneja, de las personas que se presentan a examen, menos de un 15 % posee dicha titulación. Y ese pequeño porcentaje contempla a un nutrido grupo de aspirantes que suelen ser hijos de autónomos que se presentan para luego cedérselo a su progenitor o con el consabido argumento de “por si acaso algún día le necesito”. Muy posiblemente usted, estimado lector, ya se haya identificado con lo que explicamos, ya que ejerce la profesión con el título de transporte a nombre de otro y con menos de tres camiones. Sin embargo, a partir de julio de 2020, no podrá acceder a la titulación si no dispone del bachillerato.
Compás de espera
Ahora bien, nuestra desaparición no será inminente. Estas medidas no serán efectivas hasta el 1 de julio de 2020, instante en el que le van a exigir que presente la documentación acreditativa de que tiene contratado a jornada completa en los grupos 1, 2 o 3 de cotización a la persona que aporta el título. Ha leído bien, se lo garantizamos. Eso significa que por lo que usted está pagando actualmente sobre 150 € al mes, o nada si es el caso de su pareja o 
alguno de sus hijos aporta el título a su empresa, le va a salir entre sueldo y seguridad social por más de 2.000 € al mes. Esto se convierte en una inviabilidad absoluta para seguir ejerciendo como transportista autónomo o ser titular de una S.L. con menos de cinco camiones.
Pero no solo eso; lo que más cuesta arriba se le pone al transportista es que le impiden presentarse al examen de capacitación para obtener su posible título, ya que no tiene el bachiller. Este será un requisito indispensable con el nuevo reglamento. Pero ni siquiera se mantiene abierta la puerta a su obtención. ¿O acaso dispondremos de tiempo y capacidad para volver a las matemáticas, química, inglés, lenguaje, historia… durante dos años?
Pez grande y pez chico
España es país prolífico en refranes y de todos es conocido el que dice el que parte, reparte y se queda la mejor 
parte. Qué duda cabe de que el sufrido autónomo no estuvo, ni ha estado nunca sentado en la mesa de negociación. Ni siquiera bien representado y, por tanto, deberemos asumir lo que venga. ¿A quién beneficia el nuevo Reglamento? Sin ningún lugar a dudas a las grandes empresas, que no tienen ese problema, pues entre el personal de administración (con formación académica o universitaria), el título de transporte puede aportarlo el personal contratado. Con las cosas de ese modo, la escasez de conductores la tienen solucionada con esos miles que en el mes de julio de 2020 no podrán seguir dedicándose al transporte de forma autónoma (al carecer de otra cualificación) y no quedará otro remedio que desarrollar los trabajos de chófer para seguir ganándose el pan. Con el agravio añadido de que esa salida de la profesión hará que sus clientes (de los autónomos) pasen a formar parte de la carpeta de los grandes operadores logísticos, quienes continuarán gestionando sus cargas.
¿Casualidad o alevosía?
Una carambola a tres bandas, si así puede llamársele, pero indignante. Esta serie de normas se aprueba el día 15 de febrero, viernes, a las 17.30 h. El mismo día que a las 10 de la mañana, el presidente Sánchez anuncia que vamos a 
las urnas. Así que ya sabe: si usted es autónomo o S.L. y tiene el título de transporte alquilado, a partir del 1 de julio de 2020 le supondrá un gasto adicional de 2.000 euros al mes, y sin posibilidad de examinarse para obtenerlo si no cuenta con la titulación del bachillerato, requisito este que, tras 28 años trabajando en el transporte, el porcentaje de los poseedores no es elevado, al contrario…
¿Hay solución?: sin duda y muy sencilla, no es otra que diferenciar entre las medianas y grandes empresas (las que pueden pagar un sueldo adicional a una persona para que lleve las ocupaciones propias de oficina) y los que tienen menos de cinco vehículos y las lleva el mismo autónomo, autopatrón o pequeño empresario. Dejen ustedes examinarse como hasta ahora sin requisitos académicos y el que acredite los conocimientos aprobando el examen será transportista. El que no apruebe, queda excluido y el problemático bachiller déjenlo a las medianas/grandes empresas con fuerte incidencia en el sector, porque el que tiene cinco camiones, si amplía en dos más y con los tres o cuatro autónomos que tiene habitualmente subcontratados, ya le permite tener personal cualificado en oficina a los que sí puede generar ese sueldo adicional, algo tan sencillo como eso: que permitan que el sufrido autónomo transportista siga viviendo y ganándose la vida.
Hoy por hoy, la situación es tan grave como la hemos descrito y amenaza con la desaparición de miles de pequeños transportistas, pero claro, es pérdida de empleo, no es un ERE de los denominados sociales, esos por los que la opinión pública se lleva las manos a la cabeza.
