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El impuesto al diésel afectará a un tercio de los transportistas

El Proyecto de Ley de Presupuestos para 2019 recientemente aprobado por el Consejo de Ministros y que está en trámite parlamentario, supone entre otras medidas una subida de 3,8 céntimos en el impuesto de los carburantes referido al diésel con el objetivo de ir equiparando la fiscalidad entre el gasóleo y gasolina.

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En este sentido, Fenadismer advierte que con la actual regulación sobre fiscalidad de los carburantes para los sectores profesionales, dicha subida afectará de forma importante al sector del transporte por carretera, en concreto a los transportistas de vehículos de menos de 7,5 toneladas, la mayoría transportistas autónomos, los cuales soportarían íntegramente la subida de dicho impuesto.

Además dicho incremento de la fiscalidad sobre el gasóleo de automoción se sumaría a la subida ya aprobada en la Ley de Presupuestos para 2018, que ha entrado en vigor en enero y que supone una equiparación del tramo autonómico del impuesto sobre los carburantes tanto para la gasolinas como para el gasóleo.

Esto en la práctica supone una subida de hasta el 100% del impuesto en algunas regiones, en concreto en las Comunidades autónomas de Castilla-León, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Madrid, Aragón y Extremadura, que han visto incrementada de forma importante la fiscalidad de los carburantes repostados en dichas regiones, en total hasta 4,8 céntimos por litro.

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Por ello Fenadismer ha venido planteando reiteradamente al Ministerio de Hacienda que se proceda a la modificación de la actual regulación de la figura del gasóleo profesional incluyendo como beneficiarios también a los vehículos de transportes de mercancías de menor tonelaje, los cuales representan casi una tercera parte del total de la flota de transporte en España, en concreto sobre los 130.000 vehículos de transporte de mercancías.

Sin embargo, hasta la fecha el Ministerio de Hacienda se sigue negando a contemplar tal posibilidad, lo que supondría asimismo no dar cumplimiento a una de las peticiones incluidas en la Tabla Reivindicativa planteada el pasado mes de Noviembre por las asociaciones nacionales de transportistas al Gobierno, pese al compromiso adquirido inicialmente durante las negociaciones mantenidas por ambas partes durante las últimas semanas, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de medidas para el sector del transporte por carretera que evite la convocatoria de posibles movilizaciones.

 

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