La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) denuncia que muchas de sus empresas asociadas están recibiendo presiones por parte de sus clientes para bajar las tarifas de sus servicios de transporte de mercancías.
Según afirman «las empresas cargadoras les exigen rebajarles los 20 céntimos por litro/kilo de bonificación aplicada a algunos combustibles establecida por el Gobierno en el Real Decreto-ley 6/2022, del 29 de marzo, en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania».
«En los acuerdos alcanzados en marzo, se cifró en algo más de 1.000 millones de euros el montante de las ayudas que desde el Gobierno se destinaban a las empresas del sector de transporte por carretera dada la complicada situación por la que atravesaban. No se negociaron ayudas para los clientes de los transportistas ni, por supuesto, cabe modificar la fórmula de cálculo como tampoco emplear en ella otros parámetros distintos a los que marca el texto legal.
Tampoco puede cambiarse el peso que se le concede al combustible en relación al precio del transporte (30%), ni el indicador de variación del precio del combustible (G), que no es otro que el publica semanalmente el propio Ministerio de Transportes», explica Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de ASTIC.
Este descuento de 0,20 euros sobre el precio de venta al público que, al comprender el IVA, deja la ayuda para las empresas de transporte reducida a menos de 16 céntimos, se aplica a la gasolina, al gasóleo (incluyendo el B), al gas (GLP, GNC y GNL), al bioetanol, al biodiesel, a las mezclas de gasolina con bioetanol o de gasóleo con biodiesel que requieran etiquetado específico y al aditivo AdBlue.
Esta bonificación se aplica tanto en los suministros de las estaciones de servicio como en los suministros de los depósitos propios que tienen algunas empresas de transporte en España.
Esta rebaja en el precio de algunos combustibles es acumulable a otras ayudas que recibe el sector, como la devolución del gasóleo profesional, que hasta el 30 de junio es mensual en lugar de trimestral, o las ayudas directas de 450 millones de euros (1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero como taxis, VTC o ambulancias).
La Asociación del Transporte Internacional por Carretera ya ha trasladado su preocupación al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MiTMA), al que también le solicita que esta bonificación estatal se amplíe, como ya se preveía en los acuerdos alcanzados con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), máximo órgano de representación del sector formado por las asociaciones nacionales de transportistas, incluyendo a ASTIC, más allá del 30 de junio.
El transporte de carga por carretera es imprescindible para nuestra economía, tanto en el ámbito doméstico (el 95 % del movimiento terrestre de nuestras mercancías en España viaja en camión) como internacional (las exportaciones españolas de bienes superaron los 325.000 millones de euros en 2021 -27 % del PIB-. El 67 % de estas exportaciones va a la UE, con Alemania, Francia e Italia como principales destinatarios, y de esta cuota, el 75% se realiza en camiones).
El carácter estratégico y transversal de esta actividad en España va más allá de su aportación al PIB (cerca del 5%), de los puestos de trabajo que genera (más de medio millón de empleos directos) o de su enorme competitividad en la UE (nuestro país es el segundo que más transporte internacional de carga realiza por carretera, con una cuota de mercado del 16%). Es un sector clave para el bienestar de la sociedad. Algo que se puso de manifiesto con contundencia durante el confinamiento de 2020.
