UPI, una asociación que agrupa a operadores independientes del sector energético, denuncia la grave situación de fraude de IVA y de las obligaciones legales que
incumben a los suministradores de combustibles y reclama los cambios legales necesarios para erradicarlo.
Desde la agrupación señalan que «nos encontramos actualmente en una situación gravísima de fraude en la distribución de combustibles, una de las peores desde que este fenómeno empezara a expandirse coincidiendo con la eliminación, en 2009, de la autorización administrativa previa que se exigía para ejercer la actividad de distribución al por mayor».
Todo apunta a que a pesar de la puesta en funcionamiento del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (REDEF) por parte de la Agencia Tributaria a finales del pasado mes de abril, se sigue produciendo fraude de IVA a la salida del depósito fiscal de hidrocarburos.
Este mecanismo debía servir para erradicarlo y sin embargo, como denuncian desde UPI «las tramas de defraudación consiguen no sólo evitar los efectos del REDEF sino ampararse en él».
Por otro lado, «asistimos a un incumplimiento generalizado de las obligaciones sectoriales. Cuando los distribuidores minoristas importan el producto en lugar de comprar a un operador mayorista, pueden incumplir las obligaciones sectoriales y sus costes asociados por la falta de mecanismos de control de su actividad.
Las obligaciones medioambientales son cada vez más numerosas y costosas con lo que su incumplimiento permite unas diferencias de precios nunca vistas. Es un hecho que actualmente, el foco del fraude está entre los distribuidores minoristas que venden a otros distribuidores, ya sea de manera independiente o como empresas instrumentales.
Una anomalía regulatoria les permite vender a otros distribuidores sin estar sometidos a las mismas obligaciones legales que los operadores mayoristas y sin que existan mecanismos de control de su actividad. Estos incumplimientos suponen una severa competencia desleal y son los operadores al por mayor sin capacidad de refino como las compañías asociadas de UPI los que la más sufren».
Ante esta panorama señalan que «el mercado está tan distorsionado y tensionado que la situación es, a medio plazo, insostenible para los operadores no integrados. De hecho, ya ha comenzado el abandono de la actividad mayorista por parte de algún operador y sin lugar a dudas, muchos más operadores no integrados se lo están planteando en el medio plazo si no se producen cambios sustanciales».
«Las consecuencias ya se están notando incluso entre las estaciones de servicio por los precios tan bajos que ofrecen aquellas que compran a defraudadores. El mercado puede acabar destrozado con la pérdida de tejido empresarial y empleo sano y sin competencia efectiva ninguna.
No menos importante es la merma para las arcas públicas que supone el fraude de IVA. Y cabe también destacar que el incumplimiento de las obligaciones medioambientales afecta la consecución real de los objetivos de introducción de energías renovables y de descarbonización a los que España se ha comprometido ante la UE».
UPI se ha dirigido a los distintos organismos competentes proponiendo medidas que básicamente consisten en dotarnos de mecanismos eficientes de control en los ámbitos sectorial y fiscal, que sirvan para erradicar el fraude. Estas medidas, ya propuestas por UPI desde hace tiempo, dependen de que exista voluntad política y deben acometerse a la mayor brevedad.
