A finales del pasado mes de diciembre Fenadismer, junto con varias asociaciones territoriales, interpuso una reclamación colectiva contra las principales compañías petrolíferas que operan en España por haber establecido sobrepecios en los carburantes durante los últimos 14 años, prácticas abusivas que se han mantenido hasta la actualidad.
La reclamación multimillonaria tiene su fundamento en las actuaciones de vigilancia llevadas a cabo por la Comisión Nacional de la Competencia durante los últimos años, dando lugar a una primera Resolución sancionadora en Julio de 2009 contra las tres principales petroleras que operan en España (Repsol, Cepsa y BP), que posteriormente fue confirmada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Durante los siguientes años, la CNMC a través de sucesivas Comisiones de Vigilancia constituidas al efecto han venido confirmando que dichas prácticas restrictivas de la competencia se han seguido produciendo hasta la actualidad, según la asociación de transportistas.
“En sus resoluciones, la CNMC ha venido constatado que las citadas operadoras continúan incurriendo todos estos años en prácticas y pactos anticompetitivos mediante los cuales fijan un precio de venta del combustible en detrimento de las estaciones de servicios independientes y, por lo tanto, también en contra de los intereses de los transportistas y de los ciudadanos en general, al restringir la competencia entre las estaciones de su red y el resto de las estaciones de servicio no abanderadas”, argumentan.
“Una prueba de estas prácticas abusivas se sufrió durante los primeros meses de la pandemia en los que pese a la espectacular bajada del precio del petróleo a nivel internacional en más de un 60% apenas tuvo traslado en los precios de los carburantes que apenas cayeron un 10%, incrementando de forma escandalosa sus márgenes de comercialización, como ya hicieron en la crisis económica de 2008”, explican desde Fenadismer.
En la primera demanda colectiva interpuesta por parte de 3.500 empresas transportistas y autónomos ante los juzgados de lo mercantil de Madrid y Castellón, se ha reclamado un importe conjunto superior a los 100 millones de euros en concepto de daños y perjuicios que les ha supuesto la compra del combustible durante todos estos años por un precio superior al que debería haberse pagado de no existir tales pactos.
Asimismo se espera en los próximos meses interponer una segunda demanda de aquellos transportistas que aún no se hayan incorporado a dicha reclamación, lo que podrán hacer en cualesquiera de las asociaciones territoriales que integran la Plataforma de Afectados por las Petroleras.
