La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una investigación para localizar a los autores de la vandalización de siete radares ubicados en diferentes carreteras convencionales (2 en la Comunidad de Madrid, 2 en Castilla-La Mancha, 2 en Castilla y León y 1 en la Comunidad Valenciana) y emprender así acciones legales contra ellos.
La vandalización de radares es constitutiva de un delito de daños y la ley prevé pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses, que se comete cuando concurren las siguientes circunstancias, indicativas de la intención del autor de causar un perjuicio más grave:
“Cuando los daños tengan por objetivo impedir el libre ejercicio de la autoridad o se realicen como consecuencia de las acciones ejecutadas por la autoridad en el ejercicio de sus funciones. También cuando se cometan contra funcionarios públicos, o contra particulares que, como testigos o de cualquier otra forma, hayan contribuido o puedan hacerlo en la ejecución o aplicación de las leyes”.
Estos actos vandálicos, además del delito en sí mismo de atentar contra un bien público, afectan también a la seguridad vial que es el fin último que persiguen los puntos de control de velocidad que están ubicados por toda la geografía española.
Los autores de los hechos deberán también responder por el coste económico de cada punto de control que, en el caso de los radares fijos asciende a unos 67.000€ y en el de los de tramo a unos 66.000 €.
Tanto los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como los de Seguridad Ciudadana reforzarán la vigilancia en los puntos en los que están instalados los radares para evitar que se produzcan este tipo de actos.
demás, se han colocado cámaras de vigilancia en los mismos directamente conectadas con los Centros de Gestión de la DGT con el fin de detectar posibles sabotajes y permitir la actuación inmediata de las patrullas de la Guardia Civil.
