Cataluña afronta una nueva crisis de movilidad. Las asociaciones catalanas de transportistas CETCAT y COT han emitido un comunicado de prensa conjunto denunciando los cortes indefinidos en la red viaria catalana promovidos por agricultores y ganaderos, acusando a la Generalitat de Catalunya de autorizar estas movilizaciones sin garantizar el derecho fundamental a la libre circulación de personas y mercancías.
El sector del transporte de mercancías por carretera denuncia que, desde diciembre, los transportistas vienen soportando las movilizaciones del sector agrario sin capacidad de reacción.
Según el comunicado, los años 2024 y 2025 dejaron un balance de millones de euros en pérdidas económicas para el transporte, además de situaciones descritas como «inhumanas» con miles de conductores retenidos en carreteras sin posibilidad de regresar a sus domicilios.
Una solidaridad condicionada
Aunque las organizaciones de transportistas expresan solidaridad con la problemática del campo catalán —reconociendo que bajos precios, competencia desleal de terceros países y exceso de burocracia afectan también al transporte—, advierten que el sector de camiones también padece estas circunstancias sin recurrir a bloqueos de infraestructuras críticas.
«Los transportistas no podemos convertirse una vez más en rehenes de las legítimas reivindicaciones de otros sectores», señalan en el comunicado, donde también critican que el Puerto de Tarragona y las carreteras catalanas vuelvan a ser objetivo de estas movilizaciones.
Exigencias a la administración
CETCAT y COT reclaman una actuación urgente de la Conselleria de Interior y la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, pidiendo que garanticen el derecho a la libre circulación con vías alternativas que permitan el movimiento de mercancías y personas.
Las organizaciones advierten que, si la administración no actúa, exigirán «responsabilidades políticas y compensaciones por las pérdidas causadas», tanto a los convocantes de las movilizaciones como a la propia Generalitat por lo que denominan «connivencia» con los cortes.
