El Ministerio de Trabajo avanzará en las próximas semanas la aprobación de un nuevo Real Decreto que obliga a todas las empresas, incluido el transporte por carretera, a implantar un registro digital de jornada laboral con conexión online instantánea a la Inspección de Trabajo.
Tras el fracaso en 2025 del proyecto de ley para reducir la jornada laboral, el Ministerio optó por tramitar vía Real Decreto medidas urgentes, incluyendo el control horario. Este nuevo texto desarrolla el Decreto-ley de 2019, que ya imponía un registro diario de jornada para trabajadores asalariados, pero ahora exige obligatoriamente un sistema digital accesible en tiempo real.
El proyecto, iniciado en septiembre de 2025 por vía de urgencia, pasará pronto por el Consejo de Estado antes de su aprobación definitiva.
Exigencias para las empresas
La norma obliga a todas las compañías, independientemente de su tamaño, a desarrollar sistemas telemáticos de control horario con plena conectividad online. Esto implica inversiones en terminales y aplicaciones, con costes estimados por la Administración en 1.243 euros el primer año para pymes (menos de 50 trabajadores) y 1.093 euros anuales posteriores; para medianas empresas (menos de 250), 5.717 euros iniciales y 5.567 euros siguientes.
Solo el 26% de las pymes españolas cuenta ya con algún sistema digital de registro, lo que agrava el impacto económico.
Preocupaciones en transporte por carretera
Fenadismer alerta sobre las peculiaridades del sector, donde los conductores operan en movilidad constante por España y Europa, sin un lugar fijo de trabajo. Instan a excluirlo, como se hizo con la marina mercante, para evitar duplicidades con el tacógrafo, que desde 1986 registra electrónicamente conducción, trabajo y descansos, con descargas periódicas cada 28 días.
Exigir un segundo sistema online en camiones sería «desorbitado» por la falta de cobertura en rutas y el carácter móvil de la actividad, generando costes innecesarios.
La federación ha planteado al Ministerio considerar estas singularidades durante la tramitación, argumentando que el tacógrafo ya cumple funciones de control laboral bajo normativa europea. Sin exclusión, las transportistas enfrentarían una carga artificial, duplicando controles en vehículos equipados con tacógrafo.
Fenadismer enfatiza que la conexión permanente no es viable en un sector con vehículos en tránsito internacional o zonas sin señal.
