Nissan ha anunciado hoy sus planes para reestructurar sus operaciones industriales en Barcelona. La propuesta incluye la intención de cerrar la planta de Nissan Barcelona en Zona Franca y las plantas de Montcada y Sant Andreu, a partir de diciembre de 2020.
El plan presentado está ahora sujeto a las consultas con los representantes de los trabajadores. Las operaciones de Nissan en Ávila y Cantabria, así como las operaciones de ventas y marketing de Nissan Iberia en España, no se ven afectadas por el anuncio. La decisión se enmarca en la estrategia global de la Alianza Nissan-Renault-Mitsubishi en la que se ha producido un reparto de la gestión de las diferentes áreas geográficas de negocio en el mundo, quedando el continente europeo bajo la dirección de Renault.
Durante el anuncio de la propuesta, el presidente y CEO de Nissan, Makoto Uchida, ha comentado que «el cierre de la planta de Barcelona es el resultado de un extenso estudio para mitigar el exceso de capacidad de producción y mejorar la competitividad general. Esta no es una decisión que estamos tomando a la ligera, sino que es para asegurar el futuro más sólido posible para la marca».
Nissan fabrica vehículos en Barcelona desde 1983 y actualmente emplea a unas 3.000 personas en la zona. Se calcula que unas 20.000 más trabajan de manera indirecta para la marca japonesa. En los últimos años, las condiciones del mercado han provocado que los volúmenes de producción caigan por debajo del 25% de la capacidad de la planta, afectando a su competitividad.
Frank Torres, vicepresidente ejecutivo de Nissan para Rusia, gestionará el proceso de consultas, función que se añadirá a sus responsabilidades actuales en dicho mercado. En paralelo, mientras dure el proceso, también asumirá la responsabilidad de todas las operaciones industriales de Nissan en España.
Ante la noticia, los trabajadores están llevando diversas protestas. Desde la sección sindical de CCOO en Nissan, así como desde UGT y CGT ya han expresado que la plantilla no se rinde a este cierre y que seguirán en lucha para evitarlo.
En este sentido desde CCOO avisan que «no descansaremos hasta convencer a la multinacional de mantener las operaciones industriales en España. Emplazamos a las instituciones españolas, catalanas y municipales a que trabajen a nuestro lado hasta tener una solución».
«Los costes del cierre llevan unos riesgos en indemnizaciones a trabajadores, indemnizaciones de contratos comerciales, indemnizaciones a proveedores, costes judiciales mercantiles y costes judiciales laborales. Gasto en infraestructuras y suelo industrial para descontaminarlo. Una cantidad ingente de dinero que muestra la equivocada decisión de la multinacional. Calculamos que asciende a más de mil millones de euros», apuntan desde el sindicato.
