Hace ya más de un mes que el Gobierno puso en marcha una prestación por cese de actividad extraordinario para paliar las pérdidas de las actividades empresariales y profesionales de los autónomos más afectados por la crisis del coronavirus.
A dichas ayudas, que se tramitan ante las correspondientes mutuas donde se encuentren adscritos, pueden acogerse tanto aquellos autónomos cuya actividad se haya paralizado o se encuentre entre las suspendidas por el Decreto de Declaración del Estado de Alarma o normas posteriores, así como para el resto de actividades, como es el caso del sector del transporte por carretera, en los que la facturación del autónomo en el mes anterior a la solicitud se reduzca al menos en un 75% respecto de la del promedio mensual del semestre natural anterior.
Según los datos facilitados por el Ministerio de Seguridad Social a Fenadismer, en relación a dicha prestación extraordinaria hasta la semana pasada se habían recibido 1.016.670 solicitudes de prestación de cese de actividad, de las que han sido resueltas favorablemente 898.734, que desde el pasado fin de semana han empezado a cobrar la prestación por parte de su mutua.
Estos datos suponen que el total de trabajadores autónomos que ha solicitado la prestación alcanza el 32,43% del total de población protegida, de los cuales un 72 % lo han solicitado por cese de su actividad realizada y un 28 % por haber reducido significativamente sus ingresos. La prestación tiene una cuantía del 70% de la base reguladora, es decir, un mínimo de 661 euros en el caso de los autónomos que cotizan por la base mínima.
Por sectores económicos, destaca el número de solicitudes planteadas por los autónomos del sector del comercio, con 227.249 solicitantes, seguido de la hostelería, con 197.788, la construcción, con 74.881 y la industria manufacturera, con 39917 solicitantes.
En quinto lugar sitúa el transporte y la logística, con un total de 36.905 autónomos acogidos a dichas ayudas, de las que un 12% son autónomas. Por regiones, las Comunidades con una incidencia más elevada en solicitudes de la prestación son, en orden decreciente: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y, a mayor distancia, Galicia.
Esta situación excepcional tan dramática justifica, a juicio de Fenadismer, su insistencia en la necesidad de que el Gobierno articule un Plan de Ayudas específico para el sector del transporte por carretera, por su carácter esencial, evitando la quiebra inmediata y desaparición de miles de autónomos y pequeñas empresas de transporte por la imposibilidad de atender a sus pagos más inmediatos.
