La fobia por los vehículos alimentados con diésel y la ignorancia acerca de su desarrollo y el impacto medioambiental que provocan estos vehículos de nueva generación siguen provocando decisiones radicales por parte de nuestros políticos. En esta ocasión es el Govern Balear, que incorpora la prohibición de los vehículos diésel nuevos en el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobado por el Govern, aunque pendiente aún de tramitación parlamentaria.
Aunque la medida es contraria a la legislación europea, es regresiva y discriminatoria, no incorpora ayudas al coche eléctrico, resta competitividad a las Islas y será perjudicial para el medio ambiente y muy costosa económicamente para los ciudadanos de Balears, afirman los representantes de las asociaciones afectadas de aprobarse este proyecto legislativo, tales como la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones 
(ANFAC), integrada en la Confederación Española de Organizaciones Empresaria (CEOE), la Asociación Empresarial de Distribuidores de Automoción de Balears (ASEDA) y la Asociación Balear de Empresas de Alquiler de Vehículos con Conductor (BALEVAL), integradas en la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT).
Las organizaciones empresariales expresan su “apoyo a las políticas que promueven la mejora de las condiciones medioambientales y el respaldo a los objetivos que persigue esta nueva norma”. Sin embargo, critican de forma conjunta que “prohibir los vehículos diésel nuevos a la vez que se mantiene y se protege a los coches antiguos provocará el progresivo envejecimiento del parque automovilístico, que es el responsable del 80% de las emisiones contaminantes y del empeoramiento de la calidad del aire en las Islas, considerada entre Excelente y Muy Buena, según los estudios realizados por la propia Conselleria de Territori, Energía y Mobilitat del Govern balear”. Todo ello, concluyen “tendrá un efecto negativo frente al cambio climático que todos estamos de acuerdo en combatir”.
También reprochan que el proyecto de ley carezca de un plan integral de desarrollo para el vehículo eléctrico y no incluya incentivos y beneficios fiscales, por lo que su aplicación en los términos en que está redactado supondrá una pérdida de competitividad y un esfuerzo económico para los ciudadanos de Balears que no tendrán que asumir los de otras comunidades lo que, sumado a los costes derivados de la insularidad, hará que aumente la desigualdad que padecen los residentes en las Islas.
El principal foco de oposición al proyecto de ley es que incorpora “la prohibición de que puedan circular por las islas, a partir de 2025, vehículos diésel nuevos, que salen de fábrica cumpliendo una restrictiva normativa europea e incorporan sistemas que los hacen menos contaminantes incluso que los de gasolina, mientras que sí podrán hacerlo los coches de mayor antigüedad sin límite de tiempo ni de emisiones”, destaca Carmen Planas, presidenta de CAEB.
En términos similares se expresa ANFAC, cuyo vicepresidente ejecutivo, Mario Armero, critica que “esta prohibición maximalista supone ignorar la realidad de los avances tecnológicos actuales en los motores diésel, mientras que los vehículos de más de 15 años emiten hasta un 84% más de NOx y un 90% más de partículas que los nuevos motores diésel que sí que cumplen con la estricta normativa Euro 6”.
“El problema no es el diésel, son los vehículos antiguos que circulan por las carreteras”, remarca Armero, que defiende las nuevas tecnologías diésel “por su eficiencia y bajas emisiones”, a la vez que recuerda que “ANFAC respalda al máximo el desarrollo de los vehículos eléctricos, pero entiende que estas tecnologías necesitan de un marco regulatorio específico, que incluya ayudas a la compra y medidas fiscales beneficiosas”.
