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El Gobierno se compromete a dar nuevas ayudas directas al transporte

El Gobierno se compromete con las asociaciones del sector a dar nuevas ayudas directas al sector transporte como las aprobadas en marzo y que beneficiaron a 125.000 transportistas y taxistas.

Tras una reunión maratoniana de más de 5 horas celebrada en el Ministerio de Transportes, las asociaciones de transportistas consiguen este compromiso del Gobierno.

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Como señalan desde Fenadismer, junto a las nuevas ayudas que se aprobarán por Decreto-Ley en las próximas semanas, previsiblemente se incluirá la nueva Ley de Cadena del Transporte, que recoge esta histórica reivindicación de prohibir la contratación del transporte por debajo de costes.

Fruto de los acuerdos alcanzados con el Comité Nacional de transporte por Carretera para paliar los efectos del alza incontrolada de los precios de los combustibles en marzo se beneficiaron más de 125.000 transportistas, tanto de mercancías como de viajeros, incluidos taxis, vtcs y ambulancias.

Esta ayuda la cobraron de forma muy rápida mediante trasferencia bancaria por parte de la Agencia Tributaria, y que en esta ocasión se pretende repetir, con la previsión de que una vez aprobadas se puedan solicitar las ayudas inmediatamente y cobrarlas al mes siguiente.

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Para ello, el Gobierno aprobará en las próximas semanas un nuevo Decreto-Ley en el que se incluirán estas ayudas, junto con el resto de medidas económicas anunciadas por el Presidente del Gobierno durante el Debate de la Nación en el Congreso de los Diputaos.

Asimismo la intención del Ministerio de Transportes es aprovechar dicho instrumento legal para aprobar también una histórica reivindicación de Fenadismer como es el de la Ley de Cadena del Transporte.

Dicha medida estructural que se recogió como compromiso en los acuerdos suscrito con las organizaciones del sector el pasado mes de marzo tiene como objetivo principal reequilibrar las relaciones comerciales entre los transportistas y sus clientes.

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Se incluirá entre otras novedades la obligación de documentar por escrito las relaciones contractuales, así como la de que el precio a cobrar por los servicios de transportes cubran siempre los costes de explotación, sancionando en consecuencia la contratación por debajo de costes.

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