El Congreso de los Diputados ha rechazado nuevamente la prórroga del límite de facturación anual de 125.000 euros necesaria para mantener el régimen de módulos en 2026, replicando la situación que ya vivieron los transportistas autónomos hace un año.
Esta decisión deja a más de 30.000 profesionales del transporte en una situación de incertidumbre tributaria que requiere una solución administrativa inmediata.
El Gobierno incluyó la prórroga del límite de facturación de 125.000 euros en el Real Decreto-Ley Ómnibus de medidas sociales y económicas, aprobado el 23 de diciembre de 2025 en el último Consejo de Ministros del año.
Sin embargo, el Congreso de los Diputados no dispuso de mayoría parlamentaria suficiente para convalidar dicho Decreto-Ley, tumbando así la medida que afecta directamente a transportistas autónomos.
Este es el segundo año consecutivo en que ocurre esta situación, generando un patrón de inseguridad tributaria que afecta al colectivo profesional del transporte por motivos de estrategia política parlamentaria.
Impacto directo en transportistas autónomos
De no aprobarse un nuevo Decreto-Ley que incluya de nuevo la prórroga en las próximas semanas, o de no adoptarse otra solución administrativa excepcional, más de 30.000 transportistas autónomos, según estimaciones de FENADISMER, serán expulsados del régimen de tributación por módulos, considerado más favorable para este colectivo.
La consecuencia práctica es grave: estos profesionales deberían tributar por el régimen de estimación directa durante el resto del año 2026, alterando sustancialmente su situación fiscal inicial. La mayoría de estos transportistas iniciaron el ejercicio con un régimen de tributación determinado, bajo la confianza en la continuidad de las disposiciones fiscales establecidas.
La federación de transportistas ha anunciado que solicitará al Ministerio de Hacienda que, con carácter urgente, concrete cómo va a solucionar esta nueva situación creada a los transportistas afectados.
La petición subraya que los profesionales que iniciaron el año bajo un régimen de tributación específico no deberían ver alterada sustancialmente su posición fiscal por motivos de estrategia política, sin tener en cuenta el impacto real en el colectivo.
La asociación sectorial demanda una respuesta administrativa rápida que evite repetir el escenario de hace un año, cuando finalmente tuvo que adoptarse una solución administrativa excepcional tras el rechazo parlamentario.
Perspectivas para las próximas semanas
El sector permanece atento a los movimientos parlamentarios y administrativos. La experiencia del año anterior sugiere que podría alcanzarse alguna solución mediante un nuevo Decreto-Ley o una medida administrativa alternativa, pero la incertidumbre actual genera un clima de preocupación entre los transportistas autónomos que operan bajo el régimen de módulos.
Para los profesionales afectados, la recomendación inmediata es mantener una vigilancia cercana sobre los desarrollos legislativos en las próximas semanas y, en su caso, asesorarse con sus asesores fiscales sobre las implicaciones potenciales de ambos escenarios: la continuidad del régimen de módulos o su cambio hacia estimación directa.
