El Congreso de los Diputados ha puesto el foco en la alarmante falta de nuevos conductores profesionales que sufre el transporte por carretera en España, con más de 30.000 vacantes en el ámbito de las mercancías y miles de plazas sin cubrir también en el transporte de viajeros.
La situación preocupa especialmente por el envejecimiento del colectivo, formado por más de 450.000 profesionales, de los cuales aproximadamente un tercio se jubilará en los próximos diez años si no se produce un relevo generacional suficiente.
La escasez de conductores afecta tanto a las empresas de transporte de mercancías como a las de viajeros, que no logran cubrir las ofertas disponibles, cifradas en más de 30.000 puestos de conductor de camión y unas 4.700 vacantes de conductor de autobús.
La mayor parte de los profesionales se sitúa hoy en la franja de 45 a 55 años, lo que anticipa un problema aún más grave en la próxima década si no se incorporan jóvenes al sector.
En este contexto, la Comisión de Seguridad Vial del Congreso ha debatido una Proposición no de Ley presentada por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, orientada a promover la incorporación de nuevos profesionales al transporte por carretera y a mejorar sus condiciones laborales.
Durante su defensa, la portavoz de ERC, Inés Granollers, subrayó el déficit de mano de obra que padece el sector y la “clara vulnerabilidad” en la que se encuentra, reclamando que el reciente plan de ayudas del Ministerio de Transportes sea más ambicioso y llegue a un mayor número de personas para eliminar la barrera económica que suponen los títulos y permisos necesarios.
La iniciativa parlamentaria propone, en primer lugar, ampliar el alcance de las ayudas para obtener los permisos profesionales C y D, con el objetivo de que un mayor número de aspirantes pueda acceder a la profesión y contribuir a cubrir las necesidades del transporte por carretera.
Además, plantea la puesta en marcha de un plan integral de incorporación de nuevos conductores y conductoras, con acciones específicas para facilitar la entrada de jóvenes, mujeres y personas en situación de desempleo.
Otra de las medidas clave es la creación de una segunda línea de ayudas en forma de cheques de formación, destinada a financiar total o parcialmente los cursos necesarios para obtener los permisos C y D, así como otros certificados profesionales vinculados al transporte por carretera.
La propuesta también insiste en la necesidad de contar con un calendario claro y transparente para la aplicación de las ayudas, con procedimientos sencillos, accesibles y plenamente digitalizados para tramitar las solicitudes.
Para evitar que el presupuesto se quede corto, la Proposición contempla la posibilidad de ampliar la dotación económica del programa si la demanda supera las previsiones iniciales, de manera que ninguna persona interesada quede fuera por falta de fondos.
Junto a ello, se propone impulsar una estrategia global de mejora de las condiciones laborales en el transporte por carretera, con medidas contra la competencia desleal, garantías de tarifas justas y una mayor protección legal, laboral y sanitaria para los trabajadores y trabajadoras del sector.
Finalmente, el texto anima a reforzar la colaboración con las asociaciones profesionales y con el propio tejido empresarial del transporte para diseñar de forma conjunta las políticas públicas que aseguren el relevo generacional y la profesionalización de la actividad.
La Proposición no de Ley ha contado con el respaldo de los grupos Sumar, BNG y la propia ERC, que coinciden en la urgencia de actuar para garantizar el futuro del transporte por carretera en España.
