El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidió la presentación del primer informe integral sobre seguridad vial y su incidencia en el ámbito penitenciario, un documento que refleja que en las cárceles dependientes de la Administración General del Estado hay 4.542 personas privadas de libertad con algún tipo de delito relacionado con la seguridad vial, lo que viene a representar el 9% de la población penitenciaria. De ellos, 1.159 tenían como delito principal la seguridad vial (un 2,3% de las personas en prisión).
El informe señala que el 97,3% de las personas en prisión son hombres, frente al 2,7% de mujeres. Así, la radiografía de este tipo delictivo determina que se trata de un varón con una edad media de 40 años (39,8), con condenas inferiores a tres años por conducir sin permiso o sin vigencia del mismo (54,4%), de forma temeraria (16,7%) y bajo influencia de bebidas o análogas (16,7%) y de nacionalidad española.
Además, 9 de cada 10 personas tienen condenas inferiores a tres años y la condena media se sitúa en los 667 días (1,8 años). En cuanto al ámbito geográfico, las provincias de residencia de los condenados más frecuentes son Madrid, Málaga, Sevilla, A Coruña y Pontevedra.
Si se analiza en detalle, 26 personas se encuentran en la cárcel por estar acusadas o condenadas por homicidio imprudente con vehículo a motor. Este delito representa el 0,7% del total de delitos por homicidio, el 20% de los homicidios imprudentes y el 2,4% del total de internos contra la seguridad vial. El perfil del homicida imprudente en prisión, según se desprende del estudio, es hombre de edad comprendida entre 26 y 60 años, con una condena media de 4 años y de nacionalidad española.
De los 26 condenados por homicidio imprudente con vehículo a motor, dos de los infractores acumulan 6 y 7 condenas relacionadas con la seguridad vial. Únicamente dos de las 26 personas son mujeres.
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, explicó por su parte, que desde el 2010 está implantado un programa de intervención que lleva por título ‘Universalización de la educación vial en los centros penitenciarios’. El objetivo del mismo es sensibilizar a los internos de la importancia que tiene el comportamiento cívico y respetuoso con las normas a la hora de ponerse ante un volante.
El informe también analiza la incidencia de estos delitos sobre las penas y medidas alternativas, como son los conocidos trabajos en beneficio de la comunidad (TBC). En 2019 el número de mandamientos recibidos por los servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas ascendió a 80.935, de los que un 30% responden a delitos contra la seguridad vial (24.487). En cuanto a las tareas de utilidad pública, 10.683 personas realizaron trabajos en beneficio de la comunidad.
En definitiva, en 2019 la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias gestionó la situación de alrededor de 30.000 personas condenadas por delitos contra la seguridad vial.
