El secretario general de Instituciones Penitenciarias (IIPP), Ángel Luis Ortiz y el director general de la DGT, Pere Navarro, han presentado la 7ª fase del programa para la obtención del permiso de conducir dirigido a las personas que se encuentran cumpliendo penas privativas de libertad.
Pere Navarro ha destacado la importancia de retomar esta medida que evitará que personas sin el permiso de conducir conduzcan ilegalmente por carretera cuando salgan de prisión o personas que han perdido puntos de su permiso puedan recuperarlos a través de la realización de los cursos de sensibilización y reeducación que se van a impartir por primera vez en las presiones.
La novedad de la 7ª fase se encuentra la posibilidad de que las personas privadas de libertad también puedan recuperar los puntos del carnet de conducir a través de la participación en cursos de sensibilización y reeducación vial.
La campaña ya ha arrancado con la formación que 57 funcionarios están recibiendo en la sede de la DGT. Estos formarán a su vez a internos auxiliares que se encargaran de colaborar con los profesionales penitenciarios para implantar los cursos en los centros dependientes de la Administración del Estado.
Las clases teóricas y prácticas serán ofrecidas por profesores de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Los internos e internas que lo soliciten tendrán que hacerse cargo del pago de matrícula y tasas, tanto para el permiso como para la recuperación de los puntos del carnet.
Hasta la fecha, 1.038 internos han mostrado su intención de participar en estos cursos en 45 centros penitenciarios de la Administración General del Estado. 726 para obtener el carnet B, 41 para el A2 y 271 para el curso de recuperación de puntos.
En la actualidad, los centros penitenciarios dependientes de IIPP cuentan con 1.200 internos condenados por delitos contra la Seguridad del Tráfico, lo que representa un 2,3% de la población reclusa total.
97 de ellos lo están por imprudencias graves con resultado mortal mientras conducían un vehículo de motor. Además de las penas privativas de libertad, IIPP gestionó el año pasado 24.500 condenas alternativas a la prisión como son los Trabajos en Beneficio de la Comunidad y los programas de tratamiento obligatorios.
