El pasado 30 de noviembre, finalizó el periodo concesional de la autopista AP-1 entre Burgos-Armiñón, un tramo de 84 kilómetros de longitud.
De este modo, la autopista ha revertido a la Administración General del Estado, y pasa a ser libre de peaje, es decir de uso gratuito para los usuarios, desde el 1 de diciembre, quedando asimismo desde ese momento su gestión y conservación a cargo del Ministerio de Fomento.
La concesión para la construcción, conservación y explotación de la hoy autopista AP-1 fue adjudicada en 1974, supone una fecha importante para esta infraestructura al haber finalizado, después de sucesivas prórrogas, 44 años de concesión, en los que los usuarios se han visto obligados al pago de un peaje por la utilización de la misma.
Así mismo, con la finalización del periodo concesional, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que queda traspasada a la Comunidad Autónoma del País Vasco la titularidad de la autopista AP-1 libre de peaje en sus últimos 6 kilómetros, entre el límite entre las provincias de Burgos y Álava, en el punto kilométrico 77+200, y el final de la autopista en el enlace 7 de Armiñón, en el punto kilométrico 83+200.
Uno de los compromisos del Gobierno es que las concesiones de autopistas cuyo plazo acabe en esta legislatura no se prorroguen ni se vuelvan a licitar. Las gestiones de las infraestructuras pasarán a manos de la Administración y dejarán de gestionarlas concesionarias privadas.
Así mismo, se levantarán los peajes a medida que venzan las concesiones, como ya ha sucedido en la AP-1, y como está previsto que suceda en la AP-7 Tarragona-Alicante y en la AP-4 de Sevilla-Cádiz a partir del 31 de diciembre del próximo año.
