Esto lo decimos porque nuestro actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras se hallaba en la oposición, hablaba únicamente de subirle los impuestos a las rentas más altas, la clase pudiente y al sector empresarial. Pero desde que el nuevo inquilino llegó a La Moncloa, parece ser que se releyó el guión, con su equipo de asesores y ministros, para introducir algunos cambios en la coreografía que nos preparaba, en la obra teatral que nos tocaba representar.
Llegó a decir por aquellas fechas que 
para nada se tocaría la tributación a los “currucas”, a los trabajadores, que bastante tenían, y se las veían, para llegar a final de mes y que sus impuestos permanecerían inalterados.
Pero Sánchez llegó a La Moncloa y al poco ensayaron muy bien la canción y estribillo que debía interpretar la flamante Teresa Ribera y María Jesús Montero, ministras de Transición Ecológica y de Hacienda, respectivamente. Desde entonces no han parado de repetir que se estaba estudiando un nuevo impuesto para el diésel. El argumento, el triste argumento, no es otro que el que tratan de disuadir o desincentivar la compra de ese tipo de vehículos o motores.
Que todo ello va alineado en un marco transitorio para hallar una movilidad sostenible, eficiente, etcétera… Ese gravamen impositivo no es otra cosa que más presión fiscal para un sector muy importante de la sociedad y que precisamente no se alinea en las rentas más altas, que decía el socialista cuando era opositor y candidato a presidir el Gobierno.
Aumentar o endurecer la fiscalidad sobre el gasóleo vendría únicamente a perjudicar a un determinado sector de la población: 
evidentemente, uno de los más perjudicados sería el del transporte en todas sus acepciones, mercancías por carretera, pasajeros, el gremio del taxi y un largo etcétera. Por otro lado, la legión de autónomos, instaladores, reparadores domiciliarios o repartidores también verán cómo esa presión fiscalizadora recaerá sobre ellos.
El transporte por carretera ya tiene suficientes trabas como para que le añadan nuevas a sus albardas mensuales. Por el momento, el gravamen está en marcha, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido verbalmente a que la nueva tasa impositiva no afecte a los conductores profesionales. Todo está por ver y todo es posible.
Por lo pronto parece ser que hay una corriente interna dentro del propio partido socialista que aboga por evitar los nuevos impuestos en el diésel porque al subir la “fiscalidad del diésel perjudicaremos directamente a una parte muy importante de la sociedad”, ha reconocido alguien del grupo contrario a estas medidas.
Sea como fuere, los motores diésel Euro 6 son parte de la solución, reconocía hace muy poco un experto en automoción. Un aspecto que nuestros administradores deberían estudiar en profundidad antes de lanzar globos sonda que mantengan en jaque al sector del transporte y profesionales autónomos.
