Tras hacerse públicas las decisiones de los Gobiernos Central y Autonómico en relación con la intensidad de las bonificaciones que se aplicarán en 2025 a los peajes de las autopistas gallegas (AP-9 y AP-53 de titularidad estatal y AG-55 y AG- 57 de titularidad autónoma, respectivamente), las asociaciones de transportistas gallegos VIEIROS y UPTA-AGTAMAR quieren manifestar públicamente que valoran dichas bonificaciones como insuficientes e insatisfactorias para el colectivo de personas autónomas y pymes del sector del transporte.
Y es que su incremento, especialmente en el caso de los vehículos pesados, no acabará con el desvío del tráfico pesado hacia las vías convencionales, y exigen a las administraciones públicas un Plan Director de la Movilidad de Galicia en el que se analicen todas las vías de alta capacidad de Galicia en relación con los flujos de movilidad que canalizan, y se priorice la circulación del tráfico pesado por estas vías.
En este sentido, ambas organizaciones consideran necesario concentrar las competencias en materia de movilidad en la Xunta de Galicia, al ser el gobierno más cercano a la realidad del territorio, lo que implica, entre otras cuestiones, el traspaso de la gestión de la AP-9 al Gobierno Autonómico.
Cómo quedan los peajes de las autopistas gallegas en 2025
Como es sabido, el último Consejo de Ministros del año celebrado el pasado 23 de diciembre aprobó las bonificaciones a aplicar a partir del 1 de enero de 2025 en los importes de los peajes de las dos autopistas gallegas de titularidad estatal AP-9 y AP-53, que ascenderán hasta el 50% para los vehículos pesados, además de mantener la gratuidad del tramo Vigo-Redondela.
En lo que respecta a los propietarios de vehículos de transporte ligero (furgonetas), al igual que los turismos (independientemente de que sean propiedad de empresas, autónomos o particulares), podrán beneficiarse en ambas autopistas de una bonificación del 50% por recurrencia.
Para aquellos vehículos que realicen más de 20 viajes al mes por el mismo tramo pagando con un dispositivo de telepeaje, además de mantener gratuito el viaje de vuelta si se realiza dentro de las 24 horas siguientes al de ida.
El peaje en la AP-9 aumentará un punto porcentual por encima del IPC, es decir, un 4%, continuando su progresión hasta 2048, año en el que expira la concesión de Audasa, si la Comisión Europea no decide judicializar la concesión de la última prórroga de la AP-9 concedida a la concesionaria con el objetivo de declararla nula.
En este caso, Europa ya ha advertido al Ejecutivo español que considera que la firma del contrato de la última concesión vulneraba la libre competencia impulsada por la UE para este tipo de servicios públicos.
Así, el Ministerio de Transportes se ha mostrado dispuesto a esperar a la decisión del Tribunal Europeo para adoptar una posición concreta: si la justicia europea declara nula la ampliación, estudiaría el rescate de la autopista y, en ese caso, si se repite la licitación o se levanta definitivamente el peaje,
Respecto a las carreteras autónomas AG-55 y AG-57, la Xunta ha confirmado que ambas tendrán un incremento de tarifas de acuerdo con el IPC, por lo que en muchos tramos no habrá subida y en todo caso la subida máxima. será de 5 céntimos.
En cuanto a las bonificaciones, se mantendrán en 2025 las actuales para todos los vehículos, Esto es, por retorno en 24 horas: 25% de descuento en la vuelta el 1º recorrido y 50% en la vuelta el 2º y posteriores (excepto domingos y festivos).
Además, por nocturnidad (recorridos realizados entre las 0:00 y las 6:00 h.): 50% todos los días.
De este modo, la asociación de transportistas Vieiros, que agrupa a más de 200 pymes y autónomos del sector del transporte de mercancías de las cuatro provincias gallegas, y la asociación galega de Traballadores autónomos e do Mar, integrada en UPTA y que agrupa a más de 500 socios de distintos sectores económicos consideran «insuficiente e insatisfactorio el incremento de la bonificación en los peajes de las autopistas gallegas para las pymes y autónomos del transporte de mercancías por carretera, especialmente para los transportes pesados»,
Y es que las organizadores apuntan que el «50% de bonificación no va a rematar con el desvío del tráfico pesado a las carreteras convencionales. Con toda seguridad, el tráfico no urgente ni apresurado seguirá eligiendo las rutas convencionales.
En este sentido, no entendemos por qué no se ha incluido una bonificación adicional por concurrencia o por ida y vuelta en la misma jornada para los vehículos pesados como sí existe para los vehículos ligeros, de modo que se priorice la circulación del tráfico pesado por las vías de alta capacidad,
Asimismo, apuntan que «no se ha analizado previamente el estado de la movilidad en Galicia: la descongestión de los puntos críticos, los tramos con mayor siniestralidad, el impacto económico en el territorio derivado de la liberalización de los peajes en el acceso a los parques empresariales, las infraestructuras portuarias estratégicas para Galicia y el circunvalaciones de las áreas metropolitanas.
Es decir, no se ha desarrollado un Plan Director de la Movilidad de Galicia riguroso en el que se analicen todas las vías de alta capacidad en relación con los flujos de movilidad que canalizan».
En opinión de VIEIROS y UPTA-AGTAMAR, «aplicar bonificaciones «planas» en los peajes, es decir, idénticas para todos los tramos, no es lo más adecuado, ni eficaz, ni necesario, ni responde a las necesidades de movilidad de los vehículos de transporte»,
En consecuencia, desde estas organizaciones gallegas se entiende «necesaria la concentración de competencias en materia de movilidad en el gobierno de la Xunta de Galicia es necesaria, porque es el Gobierno más cercano y por tanto más conocedor de la realidad de nuestro territorio, y que en principio no debería anteponer intereses ajenos a los propios de Galicia».
En cuanto al traspaso de la AP-9 y AP-53 a la Xunta de Galicia, las asociaciones gallegas apuntan que «por enésima vez, el Gobierno Central ha vuelto a negar en los últimos días el traspaso de las competencias de gestión de la autopista AP-9, eje vertebrador de la movilidad en Galicia, al Gobierno Autónomo, pese a la reiterada exigencia del Gobierno gallego y el propio Parlamento de Galicia por unanimidad de todos los grupos políticos que lo integran.
En este sentido, incluso el actual ministro de Transportes se ha mostrado escéptico sobre el encaje jurídico de este traslado, que ve extremadamente difícil, ya que según él la AP-9 pertenece a la red de carreteras del Estado y está integrada en un itinerario de circulación general de interés general, que además está incluido en un itinerario de tráfico internacional y de interés europeo, y sirve de acceso al paso fronterizo con Portugal y a aeropuertos de interés general«.
