Son numerosas las quejas que de forma reiterada vienen planteando los transportistas y conductores particulares sobre las condiciones y trato recibido en las estaciones de la ITV cuando van a pasar la revisión periódica de sus vehículos.
En algunos casos sufren importantes demoras debidas bien al monopolio en el que operan en algunas Comunidades Autónomas o bien por las sucesivas huelgas que llevan a cabo los trabajadores en otras.
Hay que tener en cuenta que la gestión de dicho servicio, que recordemos es obligatorio para los ciudadanos, no es homogéneo en toda España, sino que cada Comunidad Autónoma ha optado por un régimen de gestión diferente.
Así la Comunidad de Madrid es la única en la que el servicio de Inspección Técnica de Vehículos se encuentra totalmente liberalizado, lo que permite que cualquier empresa pueda instalarse y ofrecer dicho servicio, facilitando una mayor competencia y elección sobre la estación a la que acudir.
Esta política tan favorable para el usuario contrasta con la que padecen los profesionales y particulares residenciados en las 3 Comunidades Autónomas en las que la gestión de la ITV es llevada a cabo por una única empresa pública en régimen de monopolio, en concreto Andalucía, Asturias, y la Comunidad Valenciana.
En estos casos, las demoras en obtener cita y el menor horario de servicio agrava las posibilidades de poder llevar a cabo la revisión técnica de los vehículos.
Pero tampoco en las restantes Comunidades Autónomas, en las que el régimen predominante es el de concesión pública para la explotación de las ITV por una empresas privada, la situación es mucho más favorable.
Esto se demuestra el hecho de la caótica situación que se vive en la actualidad en Galicia, o hace unos mese en Asturias, en la que la huelga llevada a cabo por los trabajadores de las estaciones de la empresa concesionaria, está ocasionando la anulación de cientos de citas previas para pasar la revisión.
Esto supone un perjuicio para los usuarios, lo que se agrava en el caso de los transportistas que tienen que paralizar parte de su flota como consecuencia de la imposibilidad de realizar la inspección de sus vehículos.
Por ello, y a fin de evitar estas demoras y que los transportistas y demás usuarios particulares puedan trabajar con normalidad, Fenadismer ha acordado instar al Gobierno a que promueva las modificaciones legales necesarias establecer la liberalización total de dicho servicio en todas las Comunidades autónomas.
Con ello se garantizará una oferta suficiente y competitiva, que evite además que los usuarios se vean afectados por demoras o huelgas de los trabajadores de las estaciones de ITV públicas o en régimen concesional, afectando al cumplimiento de una obligación legal como es la de la revisión técnica de sus vehículos.
