El año pasado se liberaron varias autopistas de peaje que unen importantes centros de transporte. La AP-2, la AP-7, dependientes del Gobierno central, así como parte de la C-32 y la C-33, bajo la tutela de la Generalitat de Catalunya.
Las Administraciones públicas destinan anualmente unos 1.100 millones de euros para la conservación de las carreteras, por lo que desde el Ejecutivo central, con el aval de la Unión Europea, se trabaja en la fórmula más adecuada, probablemente la del pago por uso de las autovías. Se estima que la medida puede entrar en marcha en 2024, sin descartar que nos vayamos a 2025.
De momento, al Gobierno central le han adelantado por la derecha desde el País Vasco. Y es que desde la Diputación de Guipúzcoa ya se ha aprobado un sistema de cobro de hasta 101 kilómetros en cinco vías distintas de la provincia pensado únicamente para camiones.
Para el cobro electrónico de este peaje se instalarán una serie de arcos sobre las vías que registrarán la matrícula del camión en cuestión. De entrada y previsiblemente antes de que acabe el año se hará efectivo en la carretera BI-625 entre Basauri y Llodio y en la N-240 entre el valle de Arratia y el puerto de Barazar.
Para el próximo año, este sistema de cobro de peajes para camiones se extenderá a más carreteras. Será el turno, entonces, de la A-8 entre Basurto y El Haya, también la N-636 y el corredor de Txoerierri que une Erletxes y Rontegi.
Para llevar a cabo la medida, la Diputación exigirá a los camiones de más de 3,5 toneladas que cuenten con un dispositivo VIA-T o una tarjeta de crédito asociada a la matrícula del vehículo, ya que en ningún caso estará permitido el pago en metálico.
Se estima que estos peajes permitan recaudar unos 60 millones de euros y según las autoridades estas medidas permitirán descongestionar las carreteras gratuitas, haciendo que sobre unos 4.000 camiones usen vías de pago.
