Mucho ha cambiado el panorama en cuanto a la movilidad terrestre, así como el marco económico y social, desde que se aprobara el Reglamento de la LOTT, todavía vigente, en 1987. Aunque ha cumplido con su finalidad desde entonces, ha llegado la hora de su actualización.
El pasado año, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) planteó una consulta pública prelegislativa en la estrategia de movilidad con un modelo eficiente y sostenible. En este marco, la Fundación Corell ha presentado un proyecto con unas bases para la nueva ley general de movilidad sostenible y financiación del transporte terrestre. Todo ello para realizar un cambio regulatorio, necesario, ante la regulación vigente, la LOTT, que aunque ha cumplido con su propósito hasta la fecha, no con pocos parches y modificaciones, ahora se ve superada para dar solución a problemas que hoy están sobre la mesa y a los que vendrán en un futuro inmediato y lejano tras más de tres décadas.
El cambio de escenario de entonces y el de ahora destacan aspectos como la aparición de plataformas tecnológicas no transportistas, riders de la última milla, la precaria fiscalidad de los autónomos, la micromovilidad en áreas urbanas, así como la intermodalidad, el cambio climático, la transición energética, la concentración de población en las zonas metropolitanas, entre otros aspectos. También cambios de hábitos sociales derivados de la pandemia, que necesitan de una adecuación de la regulación. “Estas bases buscan dar una seguridad jurídica, contratos seguros y una estabilidad al sector a largo plazo. Supone una regulación, gestión y planificación integral de todo el transporte”, afirman en la Fundación Corell.
Los pilares de la propuesta
La fundación cree que este proceso abierto por el MITMA es una excelente oportunidad para actualizar los modelos de gestión del transporte, así como impulsar la transformación digital y energética, tanto del transporte público de viajeros como de mercancías. Se trata de encontrar un sistema que funcione con la colaboración público-privada, pues ya en la actualidad este tipo de transporte cuenta con importantes cuotas de operación privada, sin ir más lejos, en viajeros, más del 40 % de los usuarios lo hacen en empresas privadas, mientras que más del 95 % de las mercancías las mueven empresas privadas.
Entre las recomendaciones que se proponen en este proyecto, afectan a la gobernanza con una buena coordinación entre todos los implicados; entidades titulares de servicio, directas o consorciadas, y las autoridades y organismos titulares de dichos servicios. Se propone la creación de un sistema nacional de movilidad que relacione los diferentes niveles administrativos competentes, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y los ministerios correspondientes. Por lo que respecta a la planificación, el proyecto considera realizar un plan general de movilidad multimodal adecuado a las áreas geográficas de aplicación. La Administración, a todos los niveles, requiere de una norma que le garantice información de calidad acerca de los modos y medios de transporte para planificar inversiones en infraestructuras y redes de servicio.
Cabe destacar que, en este sentido, es la primera vez que en unas bases regulatorias de una ley de movilidad se tienen en cuenta las infraestructuras y su financiación. Definiendo las obligaciones de servicio público y servicios comerciales, así como la financiación de los mismos. En cuanto a financiación se refiere, la Fundación Corell reclama un esquema de financiación estable como un fondo estatal para los transportes urbanos.
En cuanto al transporte de mercancías, en el proyecto se pretende impulsar la digitalización de la documentación, la evolución de los vehículos, tanto en pesos como en dimensiones, la tecnología de a bordo, la renovación de flotas, la regulación de la carga y la descarga y el reforzamiento de su arbitraje.
En definitiva, la Fundación Corell ha tratado de recoger los aspectos fundamentales para que el Ministerio de Transporte promueva un proceso legislativo en el que actualice las normas que rijan el mercado de la movilidad, hoy y en un futuro, adaptadas a los cambios que se producen cada vez con mayor rapidez, y favorecer el transporte por carretera y sus colectivos.
