El Ministerio de Transportes sigue sin dar respuesta a la reivindicación de las organizaciones del sector de que se prohíba que el transportista participe en las labores de carga y descarga de la mercancía en los camiones, lo que cobra cobra especial relevancia en la actualidad como consecuencia de la creciente escasez de conductores profesionales debido a la falta de relevo generacional y de incorporación de nuevas personas al sector, lo que está afectando a todos los países europeos incluido España.
Por eso, en otros países se ha legislado en el sentido de prohibir expresamente que los transportistas puedan realizar dichas tareas, como es el caso de Portugal, que lo aprobó el pasado mes de julio tras el acuerdo adoptado una larga negociación con las organizaciones empresariales y sindicales lusas, estableciendo la prohibición general de que los conductores profesional nacionales e internacionales realicen tales labores, al no estar capacitados para ello.
Por contra, en España, y pese al compromiso adquirido con las asociaciones de transportistas en Julio de 2019 para regular esta situación, a fecha de hoy sigue sin presentar ninguna propuesta. De hecho, en respuesta a una consulta parlamentaria el Gobierno se ha limitado a contestar señalando que “en el marco del contacto y colaboración que de manera permanente se mantiene con el Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera, se sigue avanzando en la configuración definitiva del Plan de Impulso de la Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por Carretera, donde, entre otros asuntos, se contemplan medidas relativas a las operaciones de carga y descarga, dentro siempre de las posibilidades del marco normativo general que regula las relaciones mercantiles”.
Detrás de esta falta de voluntad podría estar, como indican desde Fenadismer, » la presión que vienen ejerciendo las asociaciones de empresas cargadoras que se opone totalmente a esta prohibición. Cabe recordar que, como se le escapó a un dirigente de una gran asociación de empresas cargadoras, el obligar a los conductores a realizar tales tareas les supone un “ahorro” de costes superior a los 2.000 millones de euros al año».
Por este motivo, Fenadismer apela una vez más al Ministerio de Transportes para que atienda esta legítima y más que nunca necesaria reivindicación y proceda a su inmediata aprobación mediante Decreto Ley, lo que además de suponer ningún coste para las arcas públicas contribuiría a reducir la alta siniestralidad laboral que soporta el sector del transporte por carretera.
