El régimen sancionador de lucha contra la morosidad en el sector del transporte por carretera aprobado a finales de 2021 ha permitido mejorar de forma sustancial durante estos dos últimos años la situación de los plazos de pago a los transportistas.
Aunque es un gran paso, todavía no se ha alcanzado el objetivo de que todos los cargadores e intermediarios cumplan íntegramente los plazos máximos marcados por la legalidad vigente, esto es, un máximo de 60 días desde la prestación del servicio.
Así, frente a los 83 días de media que había en los plazos de pago en el sector del transporte por carretera en 2021 se pasó a los 74 días de media en 2022, situándose el pasado mes de marzo en 69 días de media, como ha constatado el Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera que Fenadismer continúa elaborando mensualmente en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte.
A esta mejora está contribuyendo las actuaciones inspectoras que se están llevando a cabo en esta materia por parte del Ministerio de Transportes y de las Comunidades Autónomas, ya que como se recordará fue incluida como actuación prioritaria en el Plan Nacional de Inspección de Transporte para este año 2023.
Ello se traduce en una disminución en el número de empresas cargadoras e intermediarios que incumplen la legislación sobre morosidad, que por primera vez son porcentuales menores que las cumplidoras, en concreto pasando a ser del 48% de los clientes, de los que un 43% lo hicieron a más de 90 días e incluso un 13 % siguieron pagando inadmisiblemente a más de 120 días, esto es, a más de 6 meses.
En cuanto a los medios de pago que son utilizados más habitualmente para el pago de los servicios de transporte, continúan siendo por este orden la trasferencia (67%), seguido del confirming (28%), el pagaré (5%) y el cheque (<1%).
