La Asociación Española de Gas Licuado recurre las ayudas del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves) por considerar que no existe justificación para que el Gobierno español señale los coches eléctricos como única alternativa y excluya los vehículos ligeros de Autogas, que se han consolidado como una solución para la transición ecológica por sus bajas emisiones.
O al menos, así lo demuestran las 6.682 matriculaciones nuevas de vehículos de Autogas en el primer trimestre del año 2019 frente a las 3.183 matriculaciones de eléctricos puros.
La disconformidad de la Asociación ha quedado reflejada en el recurso contencioso administrativo que se ha presentado contra el Real Decreto 72/2019, por el que se regula el Programa Moves. El texto del Gobierno deja claro que los incentivos para vehículos ligeros se aplican solamente a vehículos eléctricos, lo cual deja fuera otras opciones limpias de movilidad como el Autogas.
En palabras de Santiago Pérez, director general de la Asociación, las ayudas establecidas por el Ejecutivo «envían un mensaje erróneo a la sociedad al indicar que la única alternativa sostenible es el vehículo eléctrico, lo cual vulnera el principio de neutralidad tecnológica y provoca distorsiones en el mercado».
«Los vehículos de Autogas tienen unas emisiones muy reducidas y pueden contribuir a la renovación del parque, sustituyendo los modelos actuales por una flota mucho más limpia y con autonomías de larga distancia, para todo tipo de vehículos incluyendo los comerciales ligeros y los turismos», añade Pérez. «Son muy asequibles, con un precio equivalente a los vehículos tradicionales y sin necesidad de modificar los hábitos de uso y repostaje del conductor, lo que ayuda a que la clase media española pueda acceder a una opción limpia a un precio razonable».
Además de las ventajas del Autogas por su importante contribución para cuidar el medio ambiente y mejorar la calidad del aire, Pérez señala que las actuales infraestructuras para estos vehículos ya están muy desarrolladas en España después de haber sido financiadas durante años por la iniciativa privada. Actualmente, existen 632 puntos de suministro que garantizan la movilidad de los ciudadanos por todas las provincias españolas.
