Los transportistas comienzan a ser partidarios de paralizar su actividad tras 15 días de vertiginoso aumento del precio del diésel debido al conflicto en Irán y a la actitud de muchas cargadoras, reacias a actualizar las tarifas de transporte como exige la ley.
Tras 18 días de escalada del conflicto bélico en Oriente Medio, que genera una absoluta incertidumbre en el mercado energético mundial, el sector se acerca al peor de los escenarios previstos cuando comenzaron los bombardeos en Irán el 28 de febrero: el precio del diésel en las gasolineras ronda los 2 euros por litro.
De esta forma, el incremento experimentado por este combustible en poco más de dos semanas supera el 30% y no se aprecia el punto de inflexión en la curva de precios que sugiera un cambio de tendencia a corto plazo.
A pesar de esta situación, muchas empresas cargadoras de Galicia, varias de ellas de gran importancia por su tamaño, se muestran reacias, cuando no directamente refractarias, a actualizar las tarifas de los servicios de transporte que contratan con sus transportistas, a pesar de la obligación legal que les impone la Ley Orgánica 15/2009, de 11 de noviembre, de Contrato de Transporte de Mercancías, según un comunicado de Vieiros Unidade Galega de Transportistas, asociación representativa de las pymes y autónomos transportistas de Galicia.
Como señalan, «ya hemos detectado varios casos en los que las empresas cargadoras afirman directamente que no pueden subir los precios o que el aumento será ‘el que puedan a fin de mes’, instando a los transportistas a seguir trabajando ‘por responsabilidad’ mientras esperan mejores tiempos, y si no pueden ponerse a buscar otros clientes», ignorando que la ley les obliga actualizar las tarifas con un subida superior al 10% debido a la severidad del aumento porcentual del precio del combustible.
Ante esta grave situación, desde Vieiros desean «recordar una vez más a los profesionales del sector del transporte, a las empresas cargadoras e intermediarias de transporte, y a la sociedad en general, que desde 2022 existe una cláusula legal de revisión de los precios del transporte en función de las fluctuaciones del precio del combustible que es jurídicamente vinculante y de aplicación obligatoria para ambas partes del contrato de transporte —ya sea verbal o escrito—, es decir, al cargador y al transportista, siempre que la variación del precio del gasóleo (tanto al alza como a la baja) supere el 5 % desde la fecha de contratación del transporte hasta la fecha de prestación efectiva del servicio».
Asimismo, Vieiros quiere advertir públicamente que el ambiente en el sector se está volviendo «explosivo», ya que cada vez más transportistas afirman abiertamente que la situación es insostenible y que no les queda otra opción que cesar su actividad.
Por otro lado, desde la asociación gallega manifiestan «su preocupación por la falta de concreción del Gobierno en cuanto a las medidas de apoyo al sector para paliar los duros efectos de la crisis del combustible».
De esta forma, todo queda pendiente del contenido del próximo Real Decreto-Ley de medidas urgentes por las consecuencias económicas de la guerra de Irán que se aprobará este viernes y del que no se conocen todavía sus medidas de apoyo al sector.
