La Coordinadora de Organizaciones de Transportistas de Cataluña, integrada por las asociaciones miembro de FENADISMER ASTAC Condal, AGTC y Gremi de Transportes, conjuntamente con la CETCAT manifiestan su rechazo a los permanentes bloqueos en la red viaria catalana por parte de los agricultores catalanes.
En este sentido, los transportistas señalan que «ya hace cinco semanas que los transportistas catalanes sufrimos con absoluta impotencia las movilizaciones de los agricultores, con numerosos cortes no comunicados previamente, en las principales carreteras catalanas, ocasionando gravísimos perjuicios a la actividad del transporte por carretera y por tanto a la actividad económica del país».
Asimismo, las asociaciones del sector del transporte indican que están comprometidos con el derecho fundamental a la manifestación, con el derecho a la libertad de expresión y con las legítimas reivindicaciones del colectivo de agricultores, «pero el ejercicio de estos derechos debe ser compatible con otro derecho fundamental como es el de la libre circulación de personas y de mercancías por toda Cataluña, que está amparado tanto por la Constitución, como por los Tratados de la Unión Europea y la Declaración Universal de Derechos Humanos».
Los representantes del colectivo de transportistas señalan, además, que «son muy preocupantes los bloqueos sistemáticos, aleatorios y sin alternativa que se llevan a cabo en las carreteras catalanas durante las últimas semanas. Cortes que están afectando gravemente tanto a los flujos locales e interregionales de mercancías en transporte por carretera entre Cataluña y el resto de Comunidades Autónomas, como en las operaciones de transporte por carretera con el resto de Europa con motivo de los cortes en la AP-7, que es la principal conexión con el resto de la Unión Europea.
Solo los cortes en esta vía representan unas pérdidas por el sector del transporte de mercancías por carretera de hasta diez millones de euros diarios, con más de once mil vehículos afectados».
Por todo ellos, solicitan «al Gobierno de la Generalitat, como máximo responsable del orden público y del buen funcionamiento de los servicios públicos en Cataluña, que tomen las medidas adecuadas para garantizar la libre circulación de personas y mercancías, ofreciendo suficientes medidas de seguridad para los trabajadores del sector del transporte de mercancías de carretera y de sus vehículos”.
