En base al compromiso asumido con las asociaciones de transportistas el pasado mes de diciembre, el Gobierno está ultimando la redacción del texto del Real Decreto-Ley al que se comprometió a aprobar este mes de febrero en Consejo de Ministros, y en el que se incluirán medidas tanto en el ámbito económico como en las condiciones de trabajo para mejorar la precaria situación que atraviesan en la actualidad los transportistas, en gran parte debida al brutal incremento del precio de los carburantes, que previsiblemente continuará en los próximos meses.
Así, y según indican desde Fenadismer, la futura norma está contando con la oposición de las empresas cargadoras, «que en los últimos 5 años han venido boicoteando la posibilidad de alcanzar un acuerdo con las asociaciones de transportistas para tratar de mejorar el desarrollo de la actividad en el sector del transporte por carretera. Es más, en los últimos días, a través de su “lobby” de presión, la asociación que agrupa a los principales grupos de distribución y gran consumo AECOC está tratando de presionar en diferentes ámbitos políticos para tratar de ‘descafeinar’ el contenido del nuevo Decreto-Ley».
De esta forma, «el lobby de los cargadores estaría transmitiendo una visión idílica sobre el funcionamiento del mercado del transporte, basado según ellos en que las labores de carga y descarga de las mercancías que los transportistas realizan diariamente (en más de un 73% de las operaciones según recoge un estudio de AECOC) se basa en acuerdos que se producen entre cargadores y transportistas de forma amistosa, y que por supuesto se les abona en la mayoría de los casos de forma separada (en más de un 60% de los casos se señala en el citado estudio)», apuntan desde Fenadismer.
Sin embargo, y como indican desde esta agrupación «lamentablemente este relato en nada se parece a la cruda realidad que soportan los transportistas, que no sólo no negocian que tengan que realizar dichas tareas, sino que ni si quiera conocen en muchos casos las medidas preventivas de los centros donde las realizan y por supuesto no las cobran de forma ni separada ni junta. Por ello retamos una vez más a la asociación de cargadores a que demuestran documentalmente a la opinión pública que esa es la forma tan bucólica de proceder de sus empresas cargadoras con los transportistas efectivos que se ven obligados a cargar y descargar las mercancías en sus plataformas y muelles de carga».
Detrás de toda esta brutal oposición está su intento por continuar ahorrándose los 2.000 millones de euros anuales que ellos mismos estiman, y que calificaron ofensivamente de “eficiencia de la cadena de suministro”, lógicamente a costa del transportista y que querrían seguir manteniendo en el futuro. Por ello, Fenadismer espera que «el Gobierno no pliegue a esas presiones y apruebe el Decreto-Ley en los términos pactados con los transportistas el pasado mes de diciembre».
