La Dirección General de Tráfico (DGT) ha admitido lo que los transportistas denunciaban desde hace meses: el sistema automático de cámaras ha multado indebidamente a 1.803 camiones que circulaban correctamente durante los días de restricciones.
Un error sistémico que evidencia las graves carencias de un método de control que prescinde de la presunción de inocencia y obliga a los profesionales a recurrir sanciones que nunca debieron recibir.
Como ya anunció Fenadismer el pasado mes de septiembre, la DGT viene realizando esta práctica de forma reiterada durante los días de restricciones establecidas cada año a la circulación de camiones, en los tramos y fechas en las que se prevén importantes desplazamientos de vehículos.
De esta manera basa el control en la utilización de las cámaras situadas en las carreteras, lo que conlleva sancionar indiscriminadamente a todos los camiones que circulan por dichas vías, sin diferenciar si corresponden a vehículos exceptuados de tales excepciones o no.
Haciéndose eco de esta denuncia, el Grupo Parlamentario ERC, a través de su portavoz en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, Inés Granollers, planteó una batería de preguntas al Gobierno que ha tenido contestación formal esta semana.
Así en su respuesta la DGT niega la existencia de tal situación abusiva justificándolo, sin ningún tipo de rubor, en que en todo caso “En el supuesto de que se notificara denuncia a un vehículo exento, el procedimiento sancionador es garantista y permite las oportunas alegaciones que son atendidas”, para a continuación reconocer que en lo que va de 2025 se han impuesto mediante este sistema de lectura de matrículas automatizada más de 1.800 denuncias erróneas recurridas, en concreto un total de 1803 multas.
Y ello pese a que, como se señala en la respuesta, llevan a cabo ”un posterior filtrado de las mismas del listado total de matrículas detectadas por el equipamiento de control los vehículos”.
En todo caso, Fenadismer está a la espera de la respuesta a la queja y solicitud de amparo que presentó el pasado mes de agosto ante el Defensor del Pueblo, por la indefensión a que se somete al colectivo de transportistas con estas prácticas, al prescindir de las mínimas garantías legales y de presunción de inocencia que debe guiar todo procedimiento sancionador.
