El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado la ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona de diciembre de 2019 por la cual se aprobó la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
Tras varios recursos presentados se anula, así, la norma relativa a la restricción de la circulación de determinados vehículos en la capital catalana.
La sentencia aprecia en la toma de decisiones de tanta importancia para ciudadanos y empresas, datos no actualizados, así como no haber medido lo suficiente el alcance y las consecuencias de dicha ordenanza impugnada sobre la movilidad de los ciudadanos, así como los efectos sobre la competencia y el mercado.
La sentencia hace referencia al hecho de que no se recogen ni se valoran las diferentes alternativas existentes, ni un análisis de las consecuencias económicas y jurídicas que se derivan de su aplicación.
El Tribunal no cuestiona de ninguna manera la necesidad de intervención municipal para mejorar la calidad del aire, pero sí las medidas restrictivas adoptadas. Así, pone de relieve que, en el procedimiento de elaboración de la normativa, se parte de datos de contaminación no actualizados y que se presentan de manera imprecisa.
El Tribunal constata que, con las cifras aportadas, la situación de la contaminación en Barcelona en el momento de la promulgación de la ordenanza presentaba una tendencia descendente, según consta en el inventario de emisiones de 2017, datos que se confirman en 2018, pero que no son considerados en la documentación preparatoria.
La sentencia es susceptible de ser recurrida. De hecho, contiene los votos particulares de dos de los cinco magistrados. Tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat ya han anunciado que van a recurrir la sentencia.
Sobre este tema el profesor de la UPF Barcelona School of Management, Andrei Boar, señala que «la ZBE era un paso en la sostenibilidad de las ciudades y se tenía que aplicar a partir de 2023 en todas aquellas de más de 50.000 habitantes. Veremos ahora qué pasa.
El principal problema es que se se han invertido millones de euros por parte de empresas y particulares para adaptarse a la normativa y puede que no hubiera hecho falta hacerlo.
Las causas de todo han sido informes que no se han hecho y una gestión deficiente en su elaboración, por tanto, se anula por un motivo de forma y no de fondo».
