La Cambra de Comerç de Barcelona defiende la implantación de un sistema de pago por uso en la red viaria de altas prestaciones del Estado, alineado con las directivas europeas de “quien usa paga” y “quien contamina paga”. Este modelo único y equitativo generaría fondos exclusivos para el mantenimiento, mejora y digitalización de las carreteras, evitando el creciente deterioro actual.
El levantamiento de peajes en autopistas catalanas en 2021 (AP-7, AP-2, C-32 norte y C-33) ha disparado el tráfico: en algunos tramos de la AP-7, el de vehículos ligeros creció un 37% y el de pesados un 55% en cinco años, saturando la capacidad y aumentando congestión, siniestralidad y desgaste.
Según la AEC (Asociación Española de la Carretera), el déficit de inversión en conservación viaria ha pasado de 9.453 millones de euros en 2022 a 13.491 millones actualmente, con solo 2.000 millones anuales invertidos por todas las administraciones. Más de la mitad de las carreteras estatales y catalanas presentan deterioro grave o muy grave.
Sin un modelo de financiación estable, el deterioro agravará la competitividad, seguridad y movilidad de personas y mercancías. La Cambra urge retomar el proyecto estatal de tarificación por uso, comprometido con la UE en 2021 para 2024 pero paralizado.
La Generalitat propuso una viñeta o tarifa plana para toda la red catalana (unos 1.000 millones anuales), pero quedó en el cajón por falta de un modelo estatal unificado.
La Cambra insiste en un pago por uso por distancia como ideal, con tarifa plana solo transitoria y estatal, aplicado a altas prestaciones y vías alternativas, tanto a pesados como ligeros, variable por emisiones.
Propone también el traspaso de carreteras estatales en Catalunya a la Generalitat, como en País Vasco, para una gestión integral. Exige colaboración público-privada y visión compartida entre Estado y Generalitat para evitar desequilibrios territoriales.
