La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) aplaude la aprobación del Real Decreto-ley 9/2026, publicado ya en el BOE y en vigor desde el jueves 16 de abril.
Esta normativa histórica convierte en obligatoria la revisión del precio del transporte ante las subidas del combustible, eliminando de un plumazo las resistencias de cargadores e intermediarios que hasta ahora impedían a los transportistas trasladar estos sobrecostes.
«No estamos ante una recomendación, sino ante un mandato legal reforzado con sanciones«, destacan desde Fenadismer. La nueva ley surge de intensas negociaciones entre las asociaciones del sector y el Gobierno, y responde directamente a la escalada de precios del diésel provocada por conflictos internacionales como la actual guerra de Irán.
Representa un punto de inflexión para un sector que venía trabajando a pérdidas cuando los costes energéticos se disparaban sin poder repercutirlos.
Principales cambios que entran en vigor
La norma introduce medidas concretas que aportan transparencia y seguridad jurídica. A partir de ahora, la revisión del precio por variación del combustible es imprescindible en cada factura, con un desglose específico en línea independiente que impide cualquier maniobra dilatoria. Se elimina la revisión trimestral anterior, adaptándose al periodo real de facturación de cada transportista.
Además, se establece un régimen sancionador contundente: los cargadores o intermediarios que se nieguen a aplicar la fórmula enfrentarán multas de entre 1.000 y 6.000 euros, que pueden escalar hasta 18.000 euros en caso de reincidencia.
La fórmula de cálculo también se moderniza, con porcentajes actualizados según el tipo de vehículo (incluyendo ahora una categoría específica para vehículos de obras) y basada en el precio medio semanal publicado por el Ministerio de Transportes.
Fenadismer, que ya ha anunciado su intención de vigilar estrictamente el cumplimiento, también reclama nuevas medidas ante la incertidumbre energética derivada del conflicto en Oriente Medio.
«Esta ley protege al transportista frente a factores externos que no puede controlar», concluyen desde la Federación, que ve en esta reforma un respaldo clave para la viabilidad del sector.
