La Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU) ha elaborado para la Comisión Europea el informe “Conductores de Autobuses y Camiones Procedentes de Terceros Países”, que avala la captación de profesionales de fuera de la UE como medida esencial contra la falta de conductores.
Se estima que hay alrededor de 500.000 puestos vacantes en la Unión Europea, un problema estructural agravado por el envejecimiento de la plantilla y la baja incorporación de nuevos talentos.
ASTIC, único miembro español de pleno derecho en IRU desde 1960, celebra el estudio como un respaldo a su tesis defendida durante años. Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de ASTIC y miembro del Comité Ejecutivo de Presidencia de IRU, subraya que «la contratación de conductores de terceros países, bien gestionada, es una herramienta complementaria clave para España y la UE».
La iniciativa se alinea con el Paquete sobre Habilidades y Movilidad del Talento de la Comisión Europea (noviembre 2023), que reconoce la necesidad de atraer talento cualificado global para mantener la competitividad.
Barreras legales y administrativas
El informe identifica barreras complejas y variadas por Estado miembro, que combinan directivas europeas con normativas nacionales, generando duplicidades, trámites largos (6-12 meses) y costes elevados de hasta 20.000 euros por conductor (formación, intermediación y papeleo).
Entre los cuellos de botella clave están el canje de permisos de conducir —a menudo con exámenes adicionales si no hay acuerdos bilaterales— y la Cualificación Profesional Inicial (CAP/CPC), ya que los títulos extracomunitarios no se reconocen y exigen formación en la UE con al menos 185 días de residencia previa.
Buenas prácticas: España y Polonia destacan
España sale bien parada en el análisis gracias al visado de estudiante que permite a aspirantes realizar la formación CAP bajo ciertas condiciones, facilitando el proceso respecto a otras vías. También se valora el protocolo de cooperación de 2023 entre ministerios, que agiliza la coordinación administrativa.
Polonia es otro ejemplo positivo: ciudadanos de Ucrania, Bielorrusia, Armenia, Georgia y Moldavia pueden trabajar hasta dos años con solo una declaración escrita registrada, sin necesidad de permiso laboral formal.
IRU propone simplificar y armonizar los procedimientos a nivel europeo, con vías rápidas, proyectos piloto y digitalización vía la iniciativa SDM4EU, sin bajar estándares de seguridad ni formación. La contratación extracomunitaria debe complementarse con medidas como atraer talento joven y femenino (menos del 10% actual), mejorar condiciones laborales y potenciar la formación local.
Raluca Marian, directora de Relaciones con la UE de IRU, enfatiza que no hay una solución única para esta crisis causada por el envejecimiento, pero un enfoque combinado puede crear una fuerza laboral resiliente y sostenible.
