Desde que se anunciara a principios del pasado año la intención del Gobierno de establecer un mecanismo de pago por el uso de las carreteras en España, durante estos meses se ha ido manifestando un profundo rechazo a esta media, entre otros, por el sector del transporte por carretera.
El impacto económico que tendría tanto en su actividad, como poco su efecto en la carestía de los productos así como en la competitividad de las exportaciones españolas son más que evidentes.
En todo caso, el propio Gobierno ya reconoció en su día que el principal “riesgo de rechazo” lo recibiría por parte del colectivo de transportistas profesionales, tomando como referencia la experiencia vivida en Francia, en la que el Gobierno galo intentó hasta en 5 veces establecer una tasa similar en las carreteras francesas, lo que contó con un fuerte rechazo por parte de los transportistas de aquel país.
El Gobierno español consciente de que es una medida muy impopular entre la ciudadanía española señaló en su momento el compromiso de no aprobar dicha media sin el consenso previo con el sector.
Conforme a dicho compromiso, el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de movilidad Sostenible, renunciando a su propuesta inicial de aprobar dicha medida recaudatoria.
En su lugar, el anteproyecto de ley se limita a incluir una previsión sobre su voluntad de llevar a cabo un estudio sobre diferentes alternativas posibles para poder financiar la red de carretera de alta capacidad que tenga en cuenta “criterios de equidad territorial, seguridad vial, y sostenibilidad ambiental”. Organizaciones como Fenadismer valoran positivamente esta actuación.
